El gobierno reglamentó el uso de IA en las cámaras de reconocimiento facial
Cómo funcionará el sistema y qué controles tendrá. La reglamentación se dio a conocer este jueves en el Boletín Oficial
El Gobierno provincial avanzó con la reglamentación del el uso de inteligencia artificial y reconocimiento facial en las cámaras de videovigilancia,
La herramienta teconológica permitirá identificar posibles coincidencias con personas buscadas por la Justicia y generar alertas para los operadores.
La medida quedó oficializada este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1673, que reglamenta la Ley 9562 de Videovigilancia y fija las condiciones para utilizar sistemas de analítica de inteligencia artificial y reconocimiento facial dentro del esquema provincial.
La normativa establece, entre otras cuestiones, qué información puede utilizarse, quiénes podrán operar el sistema y qué procedimiento deberá seguirse cuando una cámara detecte una posible coincidencia.
Con la nueva reglamentación, el Gobierno busca establecer cómo debe funcionar esa tecnología dentro del sistema provincial de videovigilancia. El reconocimiento facial podrá utilizarse para colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas, controlar casos de personas con prisión o detención domiciliaria y detectar a quienes tengan pedidos de captura o detención.
Un punto importante de la normativa es que una coincidencia producida por el sistema no podrá generar por sí sola una detención ni una consecuencia jurídica. La alerta deberá ser validada por personal autorizado y se contemplan mecanismos de doble verificación para reducir el riesgo de falsos positivos.
De esta manera, la identificación realizada por la inteligencia artificial funciona como una herramienta de alerta y no como una prueba automática de identidad.
La reglamentación también establece controles sobre el acceso al sistema. Los operadores deberán contar con mecanismos de autenticación y quedará registrada la actividad realizada dentro de la plataforma.
Además, las listas de personas buscadas deberán contar con una fuente judicial que habilite su incorporación al sistema.
